DIRECTIVA 97/67/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de diciembre de 1997 relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio

CAPÍTULO 1

 

Objetivo y ámbito de aplicación

 

Artículo 1

La presente Directiva establece normas comunes relativas a:

- la prestación de un servicio postal universal en el interior de la Comunidad;

- los criterios que delimitan los servicios que pueden forman parte del sector reservado a los proveedores del servicio universal y las condiciones relativas a la prestación de servicios no reservados;

- los principios de tarificación y de transparencia contable para la prestación del servicio universal;

- la determinación de normas de calidad para la prestación del servicio universal y la instauración de un sistema que garantice el cumplimiento de esas normas;

- la armonización de las normas técnicas;

- la creación de autoridades nacionales de reglamentación independientes.

 

Artículo 2

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) «servicios postales»: los servicios consistentes en la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos postales;

2) «red postal pública»: el conjunto de la organización y de los medios de todo orden que, empleados por el o los proveedores del servicio universal, permiten, en particular:

- la recogida de los envíos postales amparados por una obligación de servicio universal en los puntos de acceso en todo el territorio,

- la expedición y el tratamiento de estos envíos desde el punto de acceso a la red postal hasta el centro de distribución,

- la distribución a las direcciones indicadas en los envíos;

3) «puntos de acceso»: las instalaciones físicas, incluidos en especial los buzones a disposición del público tanto en la vía pública como en los locales del proveedor del servicio universal, donde los clientes pueden depositar envíos postales en la red postal pública;

4) «recogida»: la operación consistente en retirar los envíos postales depositados en los puntos de acceso;

5) «distribución»: el proceso que abarca desde la clasificación en el centro encargado de organizar la distribución hasta la entrega a los destinatarios de los envíos postales;

6) «envío postal»: el envío con destinatario, constituido en la forma definitiva en la que deba ser transportado por el proveedor del servicio universal. Incluirá, aparte de los envíos de correspondencia por ejemplo, los libros, catálogos, diarios y publicaciones periódicas, así como los paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial;

7) «envío de correspondencia»: la comunicación materializada en forma escrita sobre un soporte físico de cualquier naturaleza, que se transportará y entregará en la dirección indicada por el remitente sobre el propio envío o sobre su envoltorio. Los libros, catálogos, diarios y publicaciones periódicas no tendrán la consideración de envíos de correspondencia;

8) «publicidad directa»: la comunicación que consiste únicamente en anuncios, material comercial o publicitario, que contiene un mensaje idéntico excepto en el nombre, la dirección y número de identificación del destinatario, así como otras modificaciones que no alteran la naturaleza del mensaje, que se remite a un número significativo de destinatarios y que debe enviarse a la dirección indicada por el remitente en el objeto mismo o en su envoltorio. En cada Estado miembro, la autoridad nacional de reglamentación interpretará las palabras «un número significativo de destinatarios» y publicará una definición adecuada de la misma. Los recibos, facturas, extractos bancarios de cuentas y otros mensajes no idénticos no tendrán la consideración de publicidad directa. Las comunicaciones que combinen la publicidad directa con otros objetos en el mismo envoltorio no se considerarán publicidad directa. La publicidad directa incluirá tanto la transfronteriza como la nacional;

9) «envío certificado»: el servicio consistente en una garantía fija contra los riesgos de pérdida, robo o deterioro, y en la facilitación al remitente, en su caso a petición de éste, de una prueba del depósito del envío postal y/o de su entrega al destinatario;

10) «envío con valor declarado»: el servicio consistente en asegurar el envío postal por el valor declarado por el remitente, en caso de pérdida, robo o deterioro;

11) «correo transfronterizo»: correo con origen o destino en otro Estado miembro o un país tercero;

12) «intercambio de documentos»: suministro de medios, incluidas las instalaciones ad hoc y el transporte por un tercero que permita la autoentrega mediante el intercambio mutuo de envíos postales entre los usuarios suscriptores de dicho servicio;

13) «proveedor del servicio universal»: la entidad pública o privada que presta el servicio postal universal o partes del mismo dentro de un Estado miembros, y cuya identidad ha sido notificada a la Comisión de conformidad con el artículo 4;

14) «autorizaciones»: cualquier permiso que establezca derechos y obligaciones específicos para el sector postal y permita a las empresas prestar servicios postales y, cuando proceda, crear y/o utilizar redes postales para la prestación de dichos servicios, en las formas de «autorización general» o «licencia individual» que se definen a continuación:

- «autorización general»: una autorización que no exija a la empresa de que se trate una decisión explícita de la autoridad nacional de reglamentación antes de ejercer los derechos derivados de la autorización, con independencia de que esté regulada por una «licencia de categoría» o por la legislación general o que la normativa que la regule exija trámites de registro o declaración;

- «licencia individual»: una autorización que concede una autoridad nacional de reglamentación y que otorga a una empresa derechos específicos, o que somete las operaciones de dicha empresa a unas obligaciones específicas que completen, cuando proceda, la autorización general, cuando la empresa no tenga derecho a ejercer los derechos de que se trate hasta que haya recibido la decisión de la autoridad nacional de reglamentación;

15) «gastos terminales»: la remuneración de los proveedores del servicio universal por la distribución del correo transfronterizo de llegada constituido por los envíos postales procedentes de otro Estado miembro o de un país tercero;

16) «remitente»: la persona física o jurídica de quien proceden los envíos postales;

17) «usuario»: toda persona física o jurídica beneficiaria de una prestación de servicio universal como remitente o como destinatario;

18) «autoridad nacional de reglamentación»: en cada Estado miembro, el organismo o los que el Estado miembro confía, entre otras, las funciones reglamentarias derivadas de la presente Directiva;

19) «Requisitos esenciales»: los motivos de interés general y de carácter no económico que puedan inducir a un Estado miembro a imponer condiciones relativas a la prestación de servicios postales. Estos motivos son la inviolabilidad de la correspondencia, la seguridad del funcionamiento de la red en materia de transporte de sustancias peligrosas y, en los casos en que se justifique, la protección de los datos, la protección del medio ambiente y la ordenación territorial.

La protección de los datos podrá abarcar la protección de los datos personales, la confidencialidad de la información transmitida o almacenada y la protección de la intimidad.

 

CAPÍTULO 2

 

Servicio universal

 

Artículo 3

1. Los Estados miembros garantizarán a los usuarios el derecho a un servicio universal que corresponda a una oferta de servicios postales de calidad determinada prestados de forma permanente en todos los puntos del territorio a precios asequibles a todos los usuarios.

2. Para ello, los Estados miembros velarán por que la densidad de los puntos de contacto y de los puntos de acceso tenga en cuenta las necesidades de los usuarios.

3. Los Estados miembros velarán por que el o los proveedores del servicio universal garanticen todos los días laborales, y por lo menos cinco días por semanas, excepto en circunstancias o condiciones geográficas excepcionales que valorará la autoridad nacional de reglamentación, como mínimo:

- una recogida;

- una distribución al domicilio de cada persona física o jurídica y, como excepción, en condiciones que quedarán a juicio de la autoridad nacional de reglamentación, una distribución en instalaciones apropiadas.

Cualquier excepción o autorización de inaplicación reconocida por una autoridad nacional de reglamentación de conformidad con el presente apartado deberá comunicarse a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación.

4. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que el servicio universal incluya por lo menos las siguientes prestaciones:

- la recogida, clasificación, transporte y distribución de los envíos postales de hasta 2 kg;

- la recogida, clasificación, transporte y distribución de los paquetes postales de hasta 10 kg;

- los servicios de envíos certificados y envíos con valor declarado.

5. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán aumentar el límite de peso de la cobertura del servicio universal para los paquetes postales hasta un peso que no supere los 20 kg y fijar regímenes especiales para la entrega a domicilio de tales paquetes postales.

Sin perjuicio del límite de peso de la cobertura del servicio universal para los paquetes postales establecido por un determinado Estado miembro, los Estados miembros garantizarán que los paquetes postales recibidos desde otros Estados miembros y que pesen hasta 20 kg se distribuyan en sus territorios.

6. Las dimensiones mínimas y máximas de los envíos postales contemplados son las establecidas en el Convenio y en el Acuerdo sobre paquetes postales por la Unión postal universal.

7. El servicio universal definido en el presente artículo incluye tanto los servicios nacionales como los transfronterizos.

 

Artículo 4

Cada Estado miembro se asegurará de que esté garantizada la prestación del servicio universal e notificará a la Comisión de las medidas que haya tomado para cumplir con dicha obligación y, en particular, para identificar a su proveedor o proveedores del servicio universal. En cumplimiento del Derecho comunitario, determinará y publicará las obligaciones y derechos atribuidos al proveedor o proveedores del servicio universal.

 

Artículo 5

1. Cada Estado miembro velará por que la prestación del servicio universal responda a los siguientes requisitos

- ofrezca un servicio que garantice el cumplimiento de los requisitos esenciales;

- ofrezca a los usuarios, en condiciones comparables, un servicio idéntico;

- se efectúe sin discriminación de ningún tipo, especialmente las derivadas de consideraciones políticas, religiosas o ideológicas;

- se efectúe sin interrupción ni suspensión salvo en casos de fuerza mayor;

- evolucione en consonancia con el entorno técnico, económico y social, así como con las necesidades de los usuarios.

2. Las disposiciones del apartado 1 no serán obstáculo para las medidas que los Estados miembros adopten en función de las exigencias que atañen al interés público reconocidas por el Tratado, en particular en los artículos 36 y 56, referidas, entre otras cosas, a la moralidad y la seguridad públicas, incluidas las investigaciones penales, y al orden público.

 

Artículo 6

Los Estados miembros velarán por que los proveedores del servicio universal proporcionen a los usuarios periódicamente información suficientemente precisa y actualizada sobre las características de los servicios universales que se ofrecen, en particular por lo que respecta a las condiciones generales de acceso a los servicios, los precios y el nivel de calidad. Esa información se publicará en la forma adecuada.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, el modo en que se facilitará la información que debe publicarse en aplicación del párrafo primero. Deberán comunicar cuanto antes a la Comisión cualquier modificación posterior.

 

CAPÍTULO 3

 

Armonización de los servicios que pueden formar parte del sector reservado

 

Artículo 7

1. En la medida en que sea necesario para el mantenimiento del servicio universal, los servicios que los Estados miembros podrán reservar al proveedor o los proveedores del servicio universal serán la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos de correspondencia interna, tanto si se trata de distribución urgente como si no, cuyo precio sea inferior a cinco veces la tarifa pública de un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría normalizada más rápida, cuando ésta exista, siempre que su peso sea inferior a 350 g. En el caso de los servicios postales gratuitos destinados a las personas invidentes o de visión reducida, se podrán autorizar excepciones a los límites de peso y precio.

2. En la medida en que sea necesario para el mantenimiento del servicio universal, el correo transfronterizo y la publicidad directa podrán seguir formando parte del sector reservado, con las limitaciones de precios y pesos establecidas en el apartado 1.

3. Como medida complementaria para la realización del mercado interior de los servicios postales, el Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, a más tardar el 1 de enero de 2000, y sin perjuicio de la competencia de la Comisión, acerca de una mayor liberalización, gradual y controlada, del mercado postal, en particular con miras a la liberalización del correo transfronterizo y de la publicidad directa, así como sobre una nueva revisión de los límites de precios y pesos, con efectos a partir del 1 de enero de 2003, teniendo en cuenta los cambios, en particular económicos, sociales y tecnológicos, que se hayan producido hasta esa fecha y teniendo también en cuenta el equilibrio financiero del proveedor o los proveedores del servicio universal, con objeto de avanzar en la consecución de los fines de la presente Directiva.

Estas decisiones se basarán en una propuesta de la Comisión, que se presentará antes del término de 1998, tras una revisión del sector. A petición de la Comisión, los Estados miembros aportarán toda la información que sea necesaria para la realización de la revisión.

4. El intercambio de documentos no podrá estar reservado.

 

Artículo 8

Las disposiciones del artículo 7 se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de organizar la instalación de buzones en la vía pública, la emisión de sellos de correos y el servicio de correo certificado utilizado en el marco de procedimientos judiciales o administrativos con arreglo a su Derecho interno.

 

CAPÍTULO 4

 

Condiciones relativas a la prestación de los servicios no reservados y al acceso a la red

 

Artículo 9

1. Por lo que se respecta a los servicios no reservados y no incluidos en el servicio universal tal como se define en el artículo 3, los Estados miembros podrán conceder autorizaciones generales en la medida necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales.

2. Por lo que respecta a los servicios no reservados e incluidos en el servicio universal tal como se define en el artículo 3, los Estados miembros podrán recurrir a procedimientos de autorización, incluidas las licencias individuales, en la medida necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales y salvaguardar el servicio universal.

La concesión de autorizaciones podrá:

- supeditarse, en su caso, a obligaciones de servicio universal;

- si procede, conllevar la imposición de requisitos de calidad, disponibilidad y eficacia a los servicios pertinentes;

- supeditarse a la obligación de no perjudicar los derechos exclusivos y especiales otorgados al proveedor o proveedores del servicio universal para los servicios postales reservados en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 7.

3. Los procedimientos descritos en los apartados 1 y 2 deberán ser transparentes, no discriminatorios, proporcionados y basados en criterios objetivos. Los Estados miembros deberán velar por que las razones para denegar total o parcialmente una autorización se comuniquen al solicitante, y habrán de establecer un procedimiento de recurso.

4. Para garantizar la salvaguardia del servicio del servicio universal, cuando un Estado miembro determine que las obligaciones de servicio universal, conforme establece la presente Directiva, representan una carga financiera injusta para el proveedor del servicio universal, dicho Estado podrá constituir un fondo de compensación administrado con tal fin por una entidad independiente del beneficiario o beneficiarios. En tal caso, podrá supeditar la concesión de las autorizaciones a la obligación de contribuir financieramente a dicho fondo. El Estado miembro deberá garantizar que se observan los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad al establecer el fondo de compensación y fijar el nivel de las contribuciones financieras. Sólo podrán financiarse de esta forma los servicios a que hace referencia el artículo 3.

5. Los Estados miembros podrán establecer un sistema de identificación de la publicidad directa que posibilite el control de dichos servicios en los casos en que estén liberalizados.

 

Artículo 10

1. El Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión y con arreglo al apartado 2 del artículo 57 y a los artículos 66 y 100 A del Tratado, adoptarán las medidas de armonización necesarias mencionadas en el artículo 9 que regulen la oferta comercial al público de los servicios postales no reservados.

2. Las medidas de armonización citadas en el apartado 1 se refieren especialmente a los criterios que deberá observar y los procedimientos que deberá seguir el operador postal, a las modalidades de publicación de estos criterios y procedimientos y a los procedimientos de recurso.

 

Artículo 11

El Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión y con arreglo al apartado 2 del artículo 57 y a los artículos 66 y 100 A del Tratado, adoptarán las medidas necesarias para la armonización de las condiciones que garanticen a los usuarios y a los proveedores del servicio universal el acceso a la red postal pública en condiciones de transparencia y no discriminación.

 

CAPÍTULO 5

 

Principios de tarificación y transparencia contable

 

Artículo 12

Los Estados miembros velarán por que las tarifas de cada uno de los servicios que forman parte de la prestación del servicio universal se establezcan en observancia de los siguientes principios:

- los precios serán asequibles y posibilitarán a todos los usuarios el acceso a los servicios prestados;

- los precios se fijarán teniendo en cuenta los costes; los Estados miembros podrán decidir que se aplique una tarifa única en todo su territorio nacional;

- la tarifa única se aplicará sin perjuicio del derecho del proveedor o proveedores del servicio universal a concluir acuerdos individuales con los clientes respecto a los precios;

- las tarifas serán transparentes y no discriminatorias.

 

Artículo 13

1. A fin de garantizar la prestación transfronteriza del servicio universal, los Estados miembros instarán a sus proveedores de servicio universal a que en sus acuerdos sobre los gastos terminales por el correo transfronterizo intracomunitario se respeten los siguientes principios:

- los gastos terminales deberán fijarse en proporción a los costes de tratamiento y distribución del correo transfronterizo de llegada;

- los niveles de remuneración deberán estar vinculados a la calidad del servicio prestado;

- los gastos terminales deberán ser transparentes y no discriminatorios.

2. La aplicación de estos principios podrá ir acompañada de disposiciones transitorias destinadas a evitar perturbaciones innecesarias en los mercados o repercusiones desfavorables para los operadores económicos, siempre que haya acuerdo entre el operador de origen y el de destino; no obstante, dichas disposiciones deberán limitarse al mínimo indispensable para alcanzar dichos objetivos.

 

Artículo 14

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que dentro del plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, la contabilidad de los proveedores del servicio universal responda a lo dispuesto en el presente artículo.

2. Los proveedores del servicio universal mantendrán en sus sistemas de contabilidad interna cuentas separadas, como mínimo para cada servicio correspondiente al sector reservado, por un lado, y para los servicios no reservados, por otro. Las cuentas correspondientes a los servicios no reservados deberán establecer una distinción clara entre los servicios que formen parte del servicio universal y los que no formen parte del mismo. Dichos sistemas de contabilidad interna se basarán en principios contables coherentemente aplicados y objetivamente justificables.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, los sistemas de contabilidad a que se refiere el apartado 2 imputarán costes a cada uno de los servicios reservados y a los no reservados, respectivamente, de la siguiente manera:

a) los costes que puedan ser asignados directamente a un servicio se asignan a dicho servicio;

b) los costes comunes, es decir, los que no puedan asignarse directamente a un servicio concreto, se asignarán de la forma siguiente:

i) siempre que sea posible, los costes comunes se imputarán sobre la base de un análisis directo de su origen;

ii) cuando no sea posible efectuar un análisis directo, las categorías de costes comunes se imputarán sobre la base de un vínculo indirecto con otra categoría o grupos de categorías de costes para los que sea posible efectuar una asignación o imputación directa; el vínculo indirecto se basará en estructuras de costes comparables;

iii) cuando no puedan hallarse medidas directas ni indirectas para la imputación de los costes, la categoría de costes se imputará sobre la base de un factor de imputación general, calculado utilizando la relación entre todos los gastos asignados o imputados directa o indirectamente, por una parte, a cada uno de los servicios reservados y, por otra, a los demás servicios.

4. Podrán aplicarse otros sistemas de contabilidad siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el apartado 2 y que hayan sido aprobados por la autoridad nacional de reglamentación. Deberá informarse a la Comisión antes de su aplicación.

5. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que una entidad competente, independiente del proveedor del servicio universal, compruebe el cumplimiento de uno de los sistemas de contabilidad de costes descritos en los apartados 3 o 4. Los Estados miembros velarán por que se publique periódicamente una declaración sobre dicho cumplimiento.

6. La autoridad nacional de reglamentación facilitará información, con el nivel de detalle pertinente, sobre los sistemas de contabilidad de costes que apliquen los proveedores del servicio universal, y la remitirá a la Comisión, a solicitud de ésta.

7. Previa solicitud, la información contable detallada que proporcionen estos sistemas se pondrá a disposición de la autoridad nacional de reglamentación y de la Comisión, con carácter confidencial.

8. Cuando un Estado miembro determinado no haya reservado ninguno de los servicios reservables en virtud del artículo 7 y no haya establecido un fondo de compensación para la prestación del servicio universal, como permite el apartado 4 del artículo 9, y cuando la autoridad nacional de reglamentación esté convencida de que ninguno de los proveedores del servicio universal designados en dicho Estado miembro recibe una subvención estatal, encubierta o de otro modo, dicha autoridad podrá decidir la no aplicación de los requisitos de los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del presente artículo. La autoridad nacional de reglamentación informará a la Comisión de toda decisión al respecto.

 

Artículo 15

Las cuentas financieras de todos los proveedores del servicio universal se formularán, se someterán a auditoría por parte de un auditor independiente y se publicarán con arreglo a la legislación correspondiente comunitaria y nacional aplicable a las empresas comerciales.

 

CAPÍTULO 6

 

Calidad de los servicios

 

Artículo 16

Los Estados miembros velarán por que se fijen y publiquen normas de calidad del servicio en relación con el servicio universal, con el objetivo de garantizar un servicio universal de buena calidad.

Las normas de calidad se referirán en particular a los plazos de expedición, la regularidad y la fiabilidad de los servicios.

Estas normas serán fijadas por:

- los Estados miembros, para los servicios nacionales;

- el Parlamento Europeo y el Consejo, para los servicios transfronterizos intracomunitarios (véase el anexo). La adaptación futura de las normas al progreso técnico o a la evolución del mercado se realizará según el procedimiento previsto en el artículo 21.

El control de calidad del funcionamiento será efectuado, como mínimo, una vez al año y de manera independiente, por entidades externas sin vínculo alguno con los proveedores del servicio universal, en condiciones normalizadas que se deberán fijar según el procedimiento establecido en el artículo 21. Los resultados figurarán en informes publicados por lo menos una vez al año.

 

Artículo 17

Los Estados miembros establecerán normas de calidad para el correo nacional y se asegurarán de que son compatibles con las establecidas para los servicios transfronterizos intracomunitarios.

Los Estados miembros notificarán sus normas de calidad para los servicios nacionales a la Comisión, que las publicará de la misma manera que las normas para los servicios transfronterizos intracomunitarios contempladas en el artículo 18.

Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se realice un control independiente de calidad del funcionamiento con arreglo al cuarto párrafo del artículo 16, que se justifiquen los resultados y que se tomen medidas correctoras cuando sea necesario.

 

Artículo 18

1. De conformidad con el artículo 16, en el anexo se determinarán las normas de calidad de los servicios transfronterizos intracomunitarios.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación, cuando lo justifiquen situaciones excepcionales por motivos de infraestructura o geografía, podrán establecer excepciones a las normas de calidad contempladas en el anexo. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación establezcan excepciones de esta forma, la comunicarán inmediatamente a la Comisión. Ésta presentará un informe anual sobre las notificaciones que haya recibido durante los 12 meses anteriores al comité creado con arreglo al artículo 21, para su información.

3. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas cualquier adaptación de las normas de calidad de los servicios intracomunitarios transfronterizos y adoptará medidas para garantizar el control periódico e independiente y la publicación de los niveles de calidad del funcionamiento, certificando el cumplimiento de las normas y los avances realizados. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se tomen medidas correctoras cuando sean necesarias.

 

Artículo 19

Los Estados miembros velarán por que se establezcan procedimientos transparentes, simples y poco costosos para tramitar las reclamaciones de los usuarios, en particular en caso de pérdida, robo, deterioro o incumplimiento de las normas de calidad del servicio.

Los Estados miembros adoptarán medidas para conseguir que dichos procedimientos permitan resolver los litigios de manera equitativa y en un plazo razonable, disponiendo la existencia, cuando ello se justifique, de un sistema de reembolso y/o indemnización.

Sin perjuicio de otras posibilidades de recurso previstas en la legislación nacional y comunitaria, los Estados miembros velarán por que los usuarios, actuando de forma individual o, cuando así lo permita el Derecho nacional, en colaboración con las organizaciones que representen los intereses de los usuarios y/o de los consumidores, puedan someter a la autoridad nacional competente los casos en que las reclamaciones de los usuarios ante el proveedor del servicio universal no hayan sido resueltas de forma satisfactoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, los Estados miembros velarán por que los proveedores del servicio universal publiquen, junto con el informe anual sobre el control de calidad de su funcionamiento, información que indique el número de reclamaciones y la forma en que fueron tramitadas.

 

CAPÍTULO 7

 

Armonización de las normas técnicas

 

Artículo 20

La armonización de las normas técnicas deberá proseguirse teniendo en cuenta, en particular, los intereses de los usuarios.

Se confiará el establecimiento de las normas técnicas aplicables al sector postal al Comité europeo de normalización con arreglo a mandatos, de conformidad con los principios que recoge la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por a que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y las reglamentaciones técnicas (8).

Este trabajo se llevará a cabo teniendo en cuenta las medidas de armonización adoptadas a escala internacional y, en particular, las decididas en la Unión postal universal.

Las normas aplicables se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una vez al año.

Los Estados miembros velarán por que los proveedores del servicio universal hagan referencia a las normas publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas cuando esto resulte necesario para los intereses de los usuarios y, en particular, cuando suministren la información contemplada en el artículo 6.

Se mantendrá al Comité mencionado en el artículo 21 informado de los debates en el Comité Europeo de normalización y de los avances del mismo en este sector.

 

CAPÍTULO 8

 

Comité

 

Artículo 21

La Comisión estará asistida por un Comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El Comité establecerá su propio reglamento interno.

El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.

La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité.

Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse.

El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.

Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya sometido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas propuestas.

 

CAPÍTULO 9

 

Autoridad nacional de reglamentación

 

Artículo 22

Cada Estado miembro designará una o más autoridades nacionales de reglamentación para el sector postal, jurídicamente distintas y funcionalmente independientes de los operadores postales.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades nacionales de reglamentación que hayan designado para realizar las tareas derivadas de la presente Directiva.

Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán, en particular, como misión garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Directiva; asimismo podrán tener como misión garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de competencia en el sector postal.

 

CAPÍTULO 10

 

Disposiciones finales

 

Artículo 23

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7, tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva y en todo caso a más tardar el 31 de diciembre de 2000, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la manera en que ha sido aplicada, que incluirá la pertinente información sobre la evolución del sector, en especial sobre los aspectos económicos, sociales, laborales y tecnológicos, así como sobre la calidad del servicio.

El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo.

 

Artículo 24

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más tardar 12 meses después de la fecha de su entrada en vigor. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.

 

Artículo 25

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

 

Artículo 26

1. La presente Directiva no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas más liberales que las previstas por la presente Directiva. Dichas medidas deberán ser compatibles con el Tratado.

2. En caso de que la presente Directiva dejase de producir efectos, las medidas adoptadas por los Estados miembros para aplicarla podrán mantenerse, siempre que sean compatibles con el Tratado.

 

Artículo 27

Las disposiciones de la presente Directiva, excepto el artículo 26, serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2004, salvo que, con arreglo al apartado 3 del artículo 7, se decida otra cosa.

 

Artículo 28

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

 

Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 1997.

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